EE.UU. busca salida al cierre de gobierno mientras crece la presión económica

Washington D.C. —
Tras más de cuarenta días de cierre parcial del gobierno federal, Estados Unidos enfrenta una de las crisis políticas y económicas más prolongadas de los últimos años. El estancamiento legislativo ha dejado a cientos de miles de empleados federales sin salario, afectando desde servicios básicos hasta la operatividad de agencias clave como la Administración de Parques Nacionales, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Transporte.

En medio de este panorama, fuentes del Senado confirmaron que un grupo de legisladores republicanos y demócratas estaría negociando un acuerdo bipartidista que permita reabrir las agencias afectadas y restaurar parcialmente el funcionamiento del gobierno. El plan, aún en discusión, incluiría un paquete temporal de financiamiento y compromisos sobre gasto público y control fiscal, con el fin de evitar un colapso financiero mayor.

El cierre ha provocado un efecto dominó en la economía estadounidense: retrasos en pagos a contratistas, suspensión de licencias y permisos federales, así como un impacto directo en el consumo interno debido a la falta de ingresos de miles de familias. De acuerdo con estimaciones del Congressional Budget Office (CBO), cada semana de cierre le cuesta al país alrededor de 0.1 puntos del PIB.

Mientras tanto, la incertidumbre ha comenzado a reflejarse en los mercados. Wall Street registró una caída leve pero constante durante la última semana, y varios analistas advierten que una reapertura tardía podría erosionar la confianza de los inversionistas internacionales en la capacidad de Washington para gestionar su política fiscal.

“Este cierre demuestra una crisis estructural en la política estadounidense, más que una simple disputa presupuestaria,” explicó la economista Sarah McAllister. “El problema de fondo es la creciente polarización que impide la toma de decisiones coherentes y sostenibles.”

Desde la Casa Blanca, funcionarios han reiterado que el presidente mantiene su disposición al diálogo, pero que el acuerdo deberá reflejar “responsabilidad fiscal y compromisos realistas”. Sin embargo, varios sectores acusan al Ejecutivo y al Congreso de utilizar el cierre como herramienta de presión política, en detrimento de la estabilidad nacional.

Con más de un millón de trabajadores directa o indirectamente afectados y la presión de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que advierte sobre los riesgos globales de una prolongación de la crisis, la urgencia por una solución se ha vuelto ineludible.

A medida que crece la presión económica y social, el desenlace de este cierre podría marcar un punto de inflexión en la política estadounidense y en la percepción mundial de su liderazgo financiero.

Fuentes: Reuters, ABC News, The Washington Post, Congressional Budget Office (CBO).